El oficialismo considera que tiene el número para aprobar la iniciativa. Sin embargo, sabe también que habrá cuestionamientos a las causas que envuelven a Manuel Adorni. Se prepara para una sesión tensa, especialmente por los discursos opositores.
Ayer el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales dictaminó el proyecto después de escuchar a funcionarios nacionales, provinciales y a gobernadores integrantes de la Mesa del litio y el cobre, que pidieron la sanción de esta ley.
Así, el plenario de ambas comisiones finalizó el tratamiento del proyecto después de las audiencias públicas del 25 y 26 de marzo, donde la oposición cuestionó la metodología y el escaso número de representantes que expusieron durante las dos jornadas. Hubo más de 100 mil inscriptos, pero expusieron menos de 400.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el proceso. “Cumplimos con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar instancias de participación. La audiencia pública fue una de las formas de escuchar a la ciudadanía, que también pudo expresarse por escrito. Hay más de 2500 posiciones presentadas, a favor y en contra, y también se recibieron videos”, señaló.
Los dictámenes
El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Sumó 37 firmas sobre un total de 69 diputados del plenario.
Entre los apoyos se contaron María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), del espacio del sanjuanino Marcelo Orrego; y los misioneros Carlos Arrúa y Yamila Ruiz, del Frente Renovador de la Concordia.
Unión por la Patria reunió 23 firmas en su dictamen de minoría. Provincias Unidas presentó otro con cinco firmas, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio de rechazo.
Ferraro cuestionó la composición del plenario y la presencia de funcionarios vinculados a provincias mineras. “Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros, como si el dominio de los recursos naturales fuera exclusivo de esas jurisdicciones”, sostuvo.
También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero, a quien vinculó con empresas del sector. “No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras”, afirmó.
En la misma línea crítica, el diputado Juan Schiaretti (Provincias Unidas) rechazó la iniciativa y advirtió sobre su impacto. “Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta. Los errores en esta legislación pueden generar daños irreversibles”, planteó.
Los legisladores del Frente de Izquierda, que no integran las comisiones y por eso no pudieron firmar dictamen, también rechazaron el proyecto.
Los respaldos
Entre quienes apoyaron la reforma, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a defender la iniciativa. “Sin minería no hay futuro”, sostuvo durante su exposición virtual, en línea con el respaldo que ya había expresado en el Senado.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, también defendió el proyecto y cuestionó a la oposición. “Se está instalando miedo y se menosprecia la capacidad de las provincias. Esto es federalismo en acción”, afirmó.
Según explicó, el texto busca apoyarse en criterios científicos para definir qué áreas constituyen reservas hídricas estratégicas. “No es una norma regresiva. Queremos que la ciencia determine qué debe protegerse”, agregó.
Del debate también participaron ministros y funcionarios de áreas mineras y ambientales de distintas provincias, así como autoridades nacionales vinculadas al sector.
Qué cambia la ley
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial.
Además, otorga a las provincias la potestad de determinar, mediante estudios técnicos, qué zonas deben incorporarse o excluirse del Inventario Nacional de Glaciares que elabora el IANIGLA. Si algún glaciar o ambiente periglaciar queda excluido del inventario, pierde su protección y quedan habilitadas ahí actividades extractivas como la minería.
