En un fallo de alto impacto institucional, la Corte Suprema ratificó hoy la condena civil contra el Estado por su responsabilidad en la “Tragedia de Once”. Con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el tribunal desestimó los siete recursos de queja interpuestos por el Ejecutivo, cerrando así la última instancia de apelación posible y dejando firme la obligación de resarcir económicamente a los damnificados.
La resolución se basó en la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mediante el cual los magistrados consideraron que los planteos oficiales carecían de un “agravio federal suficiente”. De esta manera, quedó validada la sentencia previa de la Cámara Nacional en lo Civil, que había determinado que el Estado no fue un actor ajeno al desastre, sino un garante que incumplió con sus funciones básicas de fiscalización y seguridad.
El eje central del fallo ratifica la “responsabilidad concurrente” entre el Estado y la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). La Justicia determinó que existió una “falta de servicio” por parte de los organismos de control, los cuales permitieron que la línea Sarmiento operara en condiciones de extrema precariedad y negligencia. Según los fundamentos, la omisión estatal en la vigilancia del sistema ferroviario fue un factor determinante que facilitó el choque ocurrido el 22 de febrero de 2012.
Este cierre de la vía civil se produce 14 años después del siniestro que dejó un saldo de 52 víctimas fatales y 789 heridos. Durante todo el proceso, las querellas lograron probar que el sistema funcionaba bajo una precariedad estructural que había sido advertida en reiteradas ocasiones. La decisión de la Corte agota el laberinto judicial para el Estado, que a partir de ahora deberá proceder a ejecutar los pagos indemnizatorios fijados para cada uno de los afectados.
Finalmente, la sentencia de la Corte armoniza el frente civil con el penal, donde ya pesa una condena firme contra el ex ministro Julio De Vido. Para los familiares de las víctimas, la ratificación del Máximo Tribunal representa el fin de una larga batalla legal por la reparación integral. Con este fallo, el Poder Judicial sella la responsabilidad del Estado no solo como administrador de recursos, sino como responsable directo de la integridad física de los ciudadanos que utilizan el transporte público.
