El Gobierno de Santa Fe ratificó su compromiso con la infraestructura propia para amortiguar el impacto de la crisis económica en el sector de la construcción. Según explicó el mandatario Maximiliano Pullaro, la continuidad de los proyectos viales y urbanos permite que miles de hogares mantengan sus ingresos, posicionando a la región con una de las tasas de empleo más altas del país frente al complejo escenario nacional.
INVERSIÓN Y ALIVIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA
El gobernador afirmó este miércoles que unas 40.000 familias dependen actualmente de la obra pública y de las inversiones impulsadas por el Estado provincial. Ese volumen de actividad explica que el Gran Rosario —conglomerado que integra a Funes— registre una tasa de empleo del 49,1%, la segunda más alta de Argentina según los últimos datos del Indec.
“La economía no está bien y en el país se pierden puestos, pero en Santa Fe los sostenemos con una política activa y recursos del tesoro provincial”, señaló Pullaro. En ese marco, destacó que la última ley tributaria avanzó con reducciones en ingresos brutos vinculadas a la generación de nuevos puestos de trabajo y costos energéticos, buscando que las pymes locales no detengan su producción.
IMPACTO EN LAS LOCALIDADES Y PROYECCIÓN
El mandatario subrayó el valor territorial de cada proyecto: “En un pueblo pequeño o en ciudades en crecimiento, una obra puede significar el sustento de varias familias; si el Estado se retira, quedarían a la deriva”. Bajo esa premisa, defendió el plan de ejecución que prevé finalizar 1.800 obras antes de concluir el mandato, apostando a un ritmo de más de una inauguración por día.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, precisó que mientras a nivel nacional la construcción registra una caída promedio del 10%, Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones que genera empleo en el sector. Esta dinámica contracíclica busca consolidarse durante 2026 mediante el incentivo a la inversión privada y el desarrollo de infraestructura clave para el corredor productivo regional.
La gestión provincial confía en que este esquema de obra pública sostenida siga funcionando como un escudo para los trabajadores de Funes y la región, vinculando el desarrollo de servicios básicos con la estabilidad laboral de los vecinos en un contexto de retracción económica generalizada.
