La Legislatura provincial avanzó con un proyecto clave que impactará directamente en el entramado productivo de Funes y la región. Con la media sanción a la reforma del Código Procesal Laboral, se busca ordenar un sistema que hoy presenta demoras críticas y sobrecostos que frenan la generación de empleo genuino en las localidades del Gran Rosario.
El diputado provincial Martín Rosúa, uno de los impulsores de la iniciativa junto a José Corral, explicó que Santa Fe es la segunda provincia con más juicios por accidentes en proporción a sus empleados. Según el legislador, la ciudad y la región sufren las consecuencias de un esquema donde casi todo conflicto termina en tribunales, lo que provoca que los trabajadores cobren tarde y las empresas enfrenten costos millonarios.
La reforma introduce cambios estructurales como la creación de un cuerpo de peritos médicos dentro del Poder Judicial para garantizar mayor independencia. Además, se fortalecen las instancias administrativas previas para evitar la multiplicación de causas por un mismo hecho, estableciendo plazos claros que den previsibilidad tanto al empleador como al accidentado.
Actualmente, los niveles de litigiosidad generan un sobrecosto estimado en US$100 millones anuales para las firmas santafesinas en concepto de alícuotas de ART. Para los autores del proyecto, este flujo de fondos no se destina a la inversión productiva sino a sostener un sistema judicial colapsado que incentiva el conflicto en lugar de resolverlo de forma ágil.
El futuro de la normativa depende ahora de la Cámara de Senadores, donde se definirá si el proyecto se convierte en ley. De aprobarse, el nuevo esquema procesal pretende que el sistema deje de premiar el litigio para enfocarse en resoluciones rápidas, un reclamo histórico de los sectores comerciales y de servicios que motorizan el crecimiento de Funes.
